Esta es parte del Comunicado de Prensa de Amnistía Internacional (AI) del 1 de agosto de 2007
Oaxaca es un ejemplo de muchos de los viejos problemas de derechos humanos que continúan sin resolverse en México. Las autoridades Estatales y Federales deben actuar inmediatamente para poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas en los recientes disturbios e investigar los abusos cometidos en el pasado, dijo Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional al concluir hoy su visita a Oaxaca.
La Sra. Khan dijo: "La forma en la que se ha respondido a la tensión ocurrida en Oaxaca es una prueba para el nuevo México."
Amnistía Internacional reconoce que algunas de las personas que actuaron en nombre del movimiento de protesta han sido responsables de actos criminales, incluyendo la utilización de armas de fuego, escombros y piedras utilizadas como proyectiles, cócteles molotov y pirotecnia. Además, reconoce que las protestas y barricadas tienen un impacto en el derecho a la educación y la libertad de movimiento del público en general, en la seguridad pública y alimentan el complejo ambiente político, contribuyendo a un quiebre en el orden público.
No obstante, los esfuerzos por parte de las autoridades en presentar como criminales y subversivas a todas las personas que simpatizan con quienes participaron en las protestas no son más que una táctica para evadir toda responsabilidad para realizar investigaciones. Tales declaraciones han sido utilizadas como una excusa para justificar serias violaciones a los derechos humanos, como asesinatos ilegales, detenciones arbitrarias y bajo régimen de incomunicación, tortura y malos tratos, la negación del acceso a juicios justos y con las debidas garantías para realizar denuncias de tales abusos.
Durante la visita, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con organizaciones locales de derechos humanos y personas sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos que se produjeron en el contexto del actual conflicto, el Gobernador Ulises Ruiz y miembros de su Gabinete.
"La reunión con las autoridades estatales fue decepcionante," dijo Irene Khan.
"El Gobernador y sus colegas se negaron a reconocer la existencia de serias violaciones a los derechos humanos. El año transcurrido no parece haber proporcionado ninguna lección positiva a la prolongada crisis y brindar mejora en la protección a los derechos humanos. A pesar de manifestar haber abierto investigaciones, no han podido proveer ninguna prueba tangible de progreso en llevar ante la justicia a aquellas personas responsables de cometer crímenes en el contexto de las protestas y de violaciones a los derechos humanos".
"Las autoridades Estatales y Federales deben asegurar el inicio inmediato de una investigación rápida e imparcial ante los alegatos de brutalidad policial y de los cientos de denuncias de tortura, arrestos arbitrarios, abusos y desafortunadas muertes."
"Dar pruebas palpables de que el Gobierno Estatal investiga apropiadamente los abusos para acabar con la impunidad en Oaxaca será una clara demostración a la sociedad Mexicana e internacional que el gobierno del Señor Presidente Felipe Calderón está comprometido con proteger, proveer y garantizar los derechos humanos".
En el contexto de la visita, Irene Khan también presentó públicamente un documento en el cual se resaltan casos emblemáticos que evidencian las violaciones de derechos humanos cometidas y el fracaso de las autoridades para garantizar algunos de los más básicos derechos: como el derecho a la vida, a no recibir torturas y el acceso a la justicia y reparaciones (integrales). El informe incluye una serie de recomendaciones a las autoridades estaduales y federales para tomar pasos concretos para dar respuesta a estas serias denuncias de violaciones de derechos humanos. Un paso crucial (y determinante) para acabar con la actual crisis.
El informe Oaxaca: Clamor por justicia concluye que las detenciones llevadas a cabo durante las protestas fueron realizadas de manera arbitraria, con sospechosos detenidos bajo régimen de incomunicación, denegando su acceso a una adecuada asistencia legal evidenciando que la persecución penal fue basada en declaraciones no corroboradas durante el proceso de detención por parte de autoridades policiales. La organización ha recibido numerosas denuncias de malos tratos y tortura. Se ha denunciado también que policías vestidos de civil han sido responsables de muchos de los abusos.
Más allá de la evidencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las investigaciones adolecen de imparcialidad y debida diligencia, con la carga de la prueba sobre la responsabilidad de las víctimas para demostrar los abusos que han sufrido. Amnistía Internacional ha sido informada de víctimas que tienen miedo a represalias por parte de los oficiales responsables de realizar las investigaciones, lo que las deja sin posibilidad de justicia.
Los enfrentamientos producidos durante los disturbios y protestas del 16 de Julio, que dejaron a muchas personas heridas, incluyendo a dos personas gravemente heridas y en riesgo de muerte, demuestran una vez más que la respuesta a las tensiones sociales con abusos policiales y uso excesivo de la fuerza en el marco de constante impunidad ante las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis no conducen a ningún resultado. La clara evidencia del excesivo uso de la fuerza y malos tratos a los detenidos debe ser investigada por una autoridad imparcial e independiente. Aquellos oficiales responsables de hacer cumplir la ley implicados en violaciones a los derechos humanos deberán ser suspendidos y apartados inmediatamente de sus responsabilidades hasta que sea aclarada su responsabilidad como resultado de las investigaciones.
"Las autoridades no pueden continuar haciendo vista gorda a estos abusos," dijo la Señora Khan.
"La impunidad es tan endémica y está tan arraigada que las autoridades lo toleran al punto de que ninguna persona ha sido responsabilizada por las 18 muertes y los cientos de casos de detenciones arbitrarias, torturas y abusos," dijo la Sra. Khan.
"Las investigaciones que han sido llevadas a cabo y son actualmente conducidas en Oaxaca son la mejor esperanza de las víctimas y sus familiares para acceder a la verdad, justicia y una reparación adecuada. Son también la única forma de que las autoridades establezcan confianza en el sistema de justicia."
Amnistía Internacional solicita al Gobernador Ulises Ruiz:
• Establecer un mecanismo creíble para llevar a cabo investigaciones rápidas de acuerdo a los estándares internacionales en relación a las denuncias de derechos humanos recibidas como consecuencia de la crisis desatada en Oaxaca.
• Suspender del servicio a todas las personas responsables de hacer cumplir la ley implicadas en violaciones a los derechos humanos hasta el resultado de las investigaciones.
• Asegurar que todas aquellas personas responsables de cometer violaciones a los derechos humanos son llevadas ante la justicia y que las víctimas reciben una reparación integral, incluyendo la atención médica y terapéutica necesaria.
• Realizar una reforma policial inmediata acorde a los estándares internacionales de los códigos de conducta y uso de la fuerza, incluyendo la incorporación de estrictas reglas en torno al uso de uniformes, insignias de identificación y vehículos provistos de identificaciones y placas numeradas.
• Asegurar que aquellas personas detenidas y llevadas a juicio en relación a los crímenes cometidos durantes los disturbios reciban un juicio justo y acorde a los estándares internacionales.
• Asegurar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuentan con las garantías necesarias para llevar adelante sus actividades sin ninguna restricción o miedo a represalias.
La Sra. Khan dijo: "La forma en la que se ha respondido a la tensión ocurrida en Oaxaca es una prueba para el nuevo México."
Amnistía Internacional reconoce que algunas de las personas que actuaron en nombre del movimiento de protesta han sido responsables de actos criminales, incluyendo la utilización de armas de fuego, escombros y piedras utilizadas como proyectiles, cócteles molotov y pirotecnia. Además, reconoce que las protestas y barricadas tienen un impacto en el derecho a la educación y la libertad de movimiento del público en general, en la seguridad pública y alimentan el complejo ambiente político, contribuyendo a un quiebre en el orden público.
No obstante, los esfuerzos por parte de las autoridades en presentar como criminales y subversivas a todas las personas que simpatizan con quienes participaron en las protestas no son más que una táctica para evadir toda responsabilidad para realizar investigaciones. Tales declaraciones han sido utilizadas como una excusa para justificar serias violaciones a los derechos humanos, como asesinatos ilegales, detenciones arbitrarias y bajo régimen de incomunicación, tortura y malos tratos, la negación del acceso a juicios justos y con las debidas garantías para realizar denuncias de tales abusos.
Durante la visita, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con organizaciones locales de derechos humanos y personas sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos que se produjeron en el contexto del actual conflicto, el Gobernador Ulises Ruiz y miembros de su Gabinete.
"La reunión con las autoridades estatales fue decepcionante," dijo Irene Khan.
"El Gobernador y sus colegas se negaron a reconocer la existencia de serias violaciones a los derechos humanos. El año transcurrido no parece haber proporcionado ninguna lección positiva a la prolongada crisis y brindar mejora en la protección a los derechos humanos. A pesar de manifestar haber abierto investigaciones, no han podido proveer ninguna prueba tangible de progreso en llevar ante la justicia a aquellas personas responsables de cometer crímenes en el contexto de las protestas y de violaciones a los derechos humanos".
"Las autoridades Estatales y Federales deben asegurar el inicio inmediato de una investigación rápida e imparcial ante los alegatos de brutalidad policial y de los cientos de denuncias de tortura, arrestos arbitrarios, abusos y desafortunadas muertes."
"Dar pruebas palpables de que el Gobierno Estatal investiga apropiadamente los abusos para acabar con la impunidad en Oaxaca será una clara demostración a la sociedad Mexicana e internacional que el gobierno del Señor Presidente Felipe Calderón está comprometido con proteger, proveer y garantizar los derechos humanos".
En el contexto de la visita, Irene Khan también presentó públicamente un documento en el cual se resaltan casos emblemáticos que evidencian las violaciones de derechos humanos cometidas y el fracaso de las autoridades para garantizar algunos de los más básicos derechos: como el derecho a la vida, a no recibir torturas y el acceso a la justicia y reparaciones (integrales). El informe incluye una serie de recomendaciones a las autoridades estaduales y federales para tomar pasos concretos para dar respuesta a estas serias denuncias de violaciones de derechos humanos. Un paso crucial (y determinante) para acabar con la actual crisis.
El informe Oaxaca: Clamor por justicia concluye que las detenciones llevadas a cabo durante las protestas fueron realizadas de manera arbitraria, con sospechosos detenidos bajo régimen de incomunicación, denegando su acceso a una adecuada asistencia legal evidenciando que la persecución penal fue basada en declaraciones no corroboradas durante el proceso de detención por parte de autoridades policiales. La organización ha recibido numerosas denuncias de malos tratos y tortura. Se ha denunciado también que policías vestidos de civil han sido responsables de muchos de los abusos.
Más allá de la evidencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las investigaciones adolecen de imparcialidad y debida diligencia, con la carga de la prueba sobre la responsabilidad de las víctimas para demostrar los abusos que han sufrido. Amnistía Internacional ha sido informada de víctimas que tienen miedo a represalias por parte de los oficiales responsables de realizar las investigaciones, lo que las deja sin posibilidad de justicia.
Los enfrentamientos producidos durante los disturbios y protestas del 16 de Julio, que dejaron a muchas personas heridas, incluyendo a dos personas gravemente heridas y en riesgo de muerte, demuestran una vez más que la respuesta a las tensiones sociales con abusos policiales y uso excesivo de la fuerza en el marco de constante impunidad ante las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis no conducen a ningún resultado. La clara evidencia del excesivo uso de la fuerza y malos tratos a los detenidos debe ser investigada por una autoridad imparcial e independiente. Aquellos oficiales responsables de hacer cumplir la ley implicados en violaciones a los derechos humanos deberán ser suspendidos y apartados inmediatamente de sus responsabilidades hasta que sea aclarada su responsabilidad como resultado de las investigaciones.
"Las autoridades no pueden continuar haciendo vista gorda a estos abusos," dijo la Señora Khan.
"La impunidad es tan endémica y está tan arraigada que las autoridades lo toleran al punto de que ninguna persona ha sido responsabilizada por las 18 muertes y los cientos de casos de detenciones arbitrarias, torturas y abusos," dijo la Sra. Khan.
"Las investigaciones que han sido llevadas a cabo y son actualmente conducidas en Oaxaca son la mejor esperanza de las víctimas y sus familiares para acceder a la verdad, justicia y una reparación adecuada. Son también la única forma de que las autoridades establezcan confianza en el sistema de justicia."
Amnistía Internacional solicita al Gobernador Ulises Ruiz:
• Establecer un mecanismo creíble para llevar a cabo investigaciones rápidas de acuerdo a los estándares internacionales en relación a las denuncias de derechos humanos recibidas como consecuencia de la crisis desatada en Oaxaca.
• Suspender del servicio a todas las personas responsables de hacer cumplir la ley implicadas en violaciones a los derechos humanos hasta el resultado de las investigaciones.
• Asegurar que todas aquellas personas responsables de cometer violaciones a los derechos humanos son llevadas ante la justicia y que las víctimas reciben una reparación integral, incluyendo la atención médica y terapéutica necesaria.
• Realizar una reforma policial inmediata acorde a los estándares internacionales de los códigos de conducta y uso de la fuerza, incluyendo la incorporación de estrictas reglas en torno al uso de uniformes, insignias de identificación y vehículos provistos de identificaciones y placas numeradas.
• Asegurar que aquellas personas detenidas y llevadas a juicio en relación a los crímenes cometidos durantes los disturbios reciban un juicio justo y acorde a los estándares internacionales.
• Asegurar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuentan con las garantías necesarias para llevar adelante sus actividades sin ninguna restricción o miedo a represalias.
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